Simplificación de trámites para la construcción debe ser prioridad este sexenio: Altagracia Gómez

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“En promedio son 15 requisitos por trámite; es decir, son más de 40,000 trámites con los que se tienen que cumplir a nivel nacional. Solo en la Ciudad de México eran 2,500 trámites, ella (Claudia Sheinbaum) los bajó a 500, pero es francamente difícil cumplir con ello”, comentó.

La también empresaria añadió que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se llegó a dos consensos: que México no se puede endeudar más y que los programas sociales se debían mantener, lo que llevó a recortes en dependencias del gobierno y efecto en su operatividad.

“Ahora, la gran apuesta de esta administración debe ser la simplificación y la digitalización, porque lo que hizo la administración pasada fue pasar el gasto corriente del gobierno al ciudadano. Vimos recortes importantes presupuestales en la gran mayoría de las secretarías de 30 y 40%”, apuntó.

En este sentido, “recuperar la capacidad operativa y de reacción de las Secretarías tiene que ver necesariamente con un tema tecnológico. Es la mejor oportunidad que tenemos para quitar la discrecionalidad de la autoridad”, añadió.

Gómez compartió que el gobierno también se ha tenido que enfrentar a los trámites para la construcción, ya que está en el proceso de obra de parques industriales en Tultitlán, Estado de México; Astillero, Jalisco y en Monterrey, Nuevo León.

“En uno querían cobrar 14 veces el costo marcado por la ley para una licencia de construcción. Siempre hay una justificación aparentemente razonable: reforzar las calles aledañas, adoptar más infraestructura”, dijo.

No obstante, apuntó que la proliferación de permisos a nivel municipal es más recaudatoria que las inspecciones de protección civil o el cuidado que la vía pública, por lo que el gobierno federal realizará un esfuerzo para mejorar estos trámites.

Si bien, la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial sostuvo que no se pueden eliminar permisos que tengan una razón de ser, expuso que sí puede haber cambios en aquellos mal diseñados, sin retirarle facultad de auditoría de las autoridades correspondientes.

“Que no haya discrecionalidad y no quepa la interpretación más amplia de la letra de la ley en perjuicio o en beneficio de particulares, ninguna de las dos es correcta. Pero que tampoco haya actos de corrupción entre funcionarios de cualquier nivel de gobierno y empresarios”, destacó.