Un juez federal habilitó la feria para tratar una cautelar contra el DNU de Milei que reconfiguró la SIDE

En el filo del cierre del receso de verano, un juez federal de Paraná habilitó la feria judicial para tratar un habeas corpus preventivo contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que reconfiguró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La medida del Poder Ejecutivo, firmada el 31 de diciembre último, cuando ya había concluido el período de sesiones extraordinarias, reordena el sistema de inteligencia y ensancha las facultades de la SIDE, y uno de sus puntos más polémicos es el que permite a personal de inteligencia la “aprehensión” de personas en el desarrollo de sus tareas sin una orden judicial.

Hubo una lluvia de amparos presentados contra el DNU, pero, hasta ahora, ninguno había sido habilitado para ser tratado durante la feria judicial, período en el que la actividad se reduce al mínimo y queda reservada a circunstancias urgentes.

Ayer, sin embargo, el juez Daniel Alonso, del juzgado federal 1° de Paraná, ordenó habilitar la feria judicial para tratar la presentación de un grupo de abogados Raymundo Kisser, Armando Aquino Britos, constitucionalista y catedrático, exfiscal de Estado de Corrientes y el suscripto.

"Habilítese la feria judicial. Por recibido correo electrónico y por presentados los Dres. Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Arturo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos, con domicilio legal y electrónico constituido, y por interpuesta acción de habeas corpus preventivo, restrictivo y colectivo. Dése intervención al Sr. Fiscal Federal”, dice la resolución del juez Alonso.

Antes que esta hubo al menos cinco presentaciones en el fuero adminsitrativo. Todas alertaban sobre los alcances del DNU del Gobierno. Una fue presentada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del Partido Socialista; otra fue impulsada por un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios con pasado en el radicalismo, con Leopoldo Moreau a la cabeza; una tercera corrió por cuenta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la restante, por la Fundación Apolo, liderada por Yamil Santoro.

Por motivos similares, el juez del fuero que estuvo activo durante la feria, Walter Lara Correa, rechazó darles tratamiento a los planteos. En línea con el fiscal, sostuvo que son muchas las causas que impugnan al mismo DNU, algunas individuales, otras colectivas, y que, en consecuencia, surgen varios interrogantes respecto a cómo deben ser abordados, tarea que le corresponden a los jueces naturales de cada una de las causas, que están repartidas en los juzgados 3, 11 y 7.

A diferencia del resto de las presentaciones, que fueron amparos, la que fue habilitada este miércoles es un habeas corpus preventivo, un acción diseñada para evitar detenciones que, con base en determinados hechos objetivos, serían ilegales.

El artículo 19 del DNU incorpora en la Ley de Inteligencia un nuevo inciso que habilita al personal de inteligencia realizar aprehensiones “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”.

Fue el punto más polémico de una medida que levantó controversia por la cantidad de modificaciones, pero también por las formas: fue aprobada por decreto en el último día del año, entre el parate legislativo en el Congreso y el inicio de la receso judicial.

Además, con el argumento de generar un sistema de información más integrado y efectivo, el decreto habilita el cruce de datos entre distintas dependencias del Estado, otro de los ejes que encendió cuestionamientos.