Jorge Macri adjudicó el predio Costa Salguero a empresas de Clarín y La Nación, a pesar de una oferta más alta de IRSA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó la concesión del predio de Costa Salguero a una unión de empresas vinculadas a los grupos Clarín y La Nación, en una decisión que reavivó tensiones políticas y empresariales y abrió interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar la propuesta ganadora.

La concesión, por diez años y con un plan de inversiones que supera los $13.200 millones, quedó en manos de Exponenciar S.A., integrada por Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA), del Grupo Clarín, y Publirevistas S.A., asociada al Grupo La Nación. El proyecto prevé transformar el predio en un nuevo polo de exposiciones y actividades culturales bajo la marca “Buenos Aires Ferial”, con obras que incluyen ampliación del centro de convenciones, espacios gastronómicos y áreas verdes de uso público.

Una oferta más alta, descartada

La decisión del Ejecutivo porteño generó controversia porque la empresa competidora, La Rural S.A. —vinculada al grupo IRSA de Eduardo Elsztain— había presentado una oferta económica superior: un canon mensual de $310 millones frente a los $240 millones propuestos por el consorcio ganador.

Pese a esa diferencia, la administración de Jorge Macri rechazó la impugnación presentada por La Rural y ratificó la adjudicación a Clarín y La Nación. Según la resolución oficial, la oferta de IRSA “no superaba el estándar de razonabilidad” debido a dudas sobre su “viabilidad económico-financiera” para sostener el canon ofertado.

La explicación no conformó al grupo empresario, que evalúa escalar el caso a la Justicia. Voceros de IRSA señalaron que la decisión fue “irregular” y que su propuesta “era la mejor”, mientras analizan posibles acciones legales para revertir el resultado del proceso licitatorio.

Un negocio millonario y una interna que escala

La adjudicación se produce en un contexto de tensiones dentro del ecosistema político y empresarial que rodea al PRO y a La Libertad Avanza. La decisión de favorecer al consorcio ligado a Clarín y La Nación, pese a la oferta más alta de IRSA, profundizó una disputa que ya venía escalando entre ambos conglomerados, históricamente cercanos al macrismo.

El negocio no es menor: la explotación del predio, ubicado en uno de los puntos más codiciados de la Costanera Norte, representa ingresos estimados en más de $65.000 millones durante la próxima década.

El plan de Exponenciar incluye la construcción de un nuevo pabellón con terraza verde, paneles solares y sistemas de recuperación de agua de lluvia, además de la incorporación de locales comerciales, espacios culturales, senderos para bicicletas y áreas gastronómicas frente al río.

Mientras avancen las obras, el predio permanecerá abierto durante 2026 con una agenda activa de ferias y eventos.

Debate abierto: uso del espacio público y transparencia

La adjudicación vuelve a poner en discusión el destino de la Costanera Norte, un territorio históricamente atravesado por disputas entre desarrolladores privados, organizaciones ambientales y gobiernos de distinto signo. También reaviva el debate sobre la transparencia en los procesos de concesión de bienes públicos estratégicos.

Aunque el Gobierno porteño defendió la decisión como “ajustada a la ley”, la controversia promete escalar en los tribunales y en la arena política.

Voces en contra

Desde el Observatiorio del Derecho a la Ciudad, sostienen que la adjudicación de Costa Salguero a manos de empresas de Clarín y La Nación “no solo reconfigura el mapa de negocios de la ciudad, sino que cristaliza una nueva etapa en la relación entre el poder político local y las estructuras mediáticas nacionales”.

En un informe publicado por María Eva Koutsovitis y Jonatan Emanuel Baldiviezo, se sostiene que lo sucedido “enciende las alarmas sobre la discrecionalidad técnica y las prioridades estratégicas de la gestión PRO en la Ciudad”. Y argumentan: “Costa Salguero trascendió su función de centro de convenciones para convertirse en un ícono de la identidad política del PRO (Propuesta Republicana). Desde el ascenso de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno y posteriormente a la Presidencia, el complejo funcionó como el 'búnker' oficial del partido para las noches electorales. Allí se celebraron los triunfos de 2015 y 2017, y se procesaron las derrotas. Esta simbiosis espacial generó una percepción pública de Costa Salguero como un territorio ”propio“ del oficialismo porteño, difuminando la línea entre un espacio público concesionado y una sede partidaria de facto”.

Según el Observatorio, la propuesta inicial de los gobernantes del PRO, de la mano de la última etapa de Horacio Rodríguez Larreta como alcalde porteño, fue impulsar “una rezonificación agresiva de la Costanera Norte bajo el paraguas del ”Distrito Joven“. La pieza central de este plan era la Ley N° 6.289, aprobada en diciembre de 2019, que autorizaba la disposición (venta) de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco”.

“El objetivo era desarrollar un barrio náutico de lujo, con edificios residenciales de hasta 10 pisos, comercios y oficinas, transformando un espacio de uso transitorio en propiedad privada perpetua. El argumento oficial sostenía que la venta financiaría obras de infraestructura y permitiría integrar la ciudad al río mediante parques públicos en los espacios remanentes”, explican en su informe, aunque la propuesta “desató una movilización ciudadana sin precedentes en la historia reciente de la planificación urbana porteña” y generó que las audiencias públicas convocadas por la Legislatura para tratar la rezonificación “rompieron récords de participación, con más de 2.000 oradores inscritos y un rechazo casi unánime (98%) al proyecto de torres”.

Koutsovitis y Baldiviezo detallan en su informe que en julio de 2024, Jorge Macri “anunció oficialmente que desestimaba el proyecto de las torres residenciales. 'En Costa Salguero vamos a hacer algo distinto... Nosotros vamos a mantener un centro de convenciones', declaró, calificando la idea de vender los terrenos para vivienda como 'un error'. Y estructuró el proceso administrativo ”como una Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de uso y explotación del Sector 5“. El contrato ahora estipulaba ”la concesión por un plazo de diez años.

El objeto es amplio: “Diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación comercial”, lo que implica que el concesionario “no solo administra lo existente, sino que tiene la potestad (y la obligación) de modernizar la infraestructura, que data de los años 90”. La nueva propuesta “permite la explotación para ferias, congresos, eventos corporativos, espectáculos culturales y deportivos. A cambio, el concesionario debe mantener los espacios verdes circundantes y garantizar cierta integración con el parque público adyacente, aunque el núcleo del negocio sigue siendo el recinto cerrado”.

De acuerdo al informe, “la licitación atrajo a dos pesos pesados del establishment argentino, representando una colisión de intereses entre el capital inmobiliario/agrario y el capital mediático”.

Por un lado, La Rural S.A., “una alianza estratégica al 50% entre la Sociedad Rural Argentina (SRA), dueña histórica del predio de Palermo, y Ogden, un vehículo de inversión controlado mayoritariamente por IRSA (de Eduardo Elsztain, la mayor desarrolladora inmobiliaria del país y dueña de los principales shoppings) y minoritariamente por DF Entertainment (Diego Finkelstein)”.

Por el otro, “la Unión Transitoria de Empresas formada por Publirevistas S.A.U. (subsidiaria 100% de S.A. La Nación) y Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (subsidiaria clave del Grupo Clarín)”, los gigantes multimedios, “socios históricos en negocios estructurales como Papel Prensa y, más recientemente, en Exponenciar S.A., la empresa que organiza Expoagro”.

Según los analistas, “esta concesión opera como un mecanismo de compensación o alianza estratégica. En un contexto donde la pauta oficial (publicidad estatal) está bajo escrutinio y recorte a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei, los gobiernos locales buscan otras formas de mantener relaciones fluidas con las empresas periodísticas”. Y sostienen: “Entregar un negocio estructural y rentable a largo plazo (10 años) es una forma más sofisticada y menos visible de transferir recursos que la pauta publicitaria directa. Convierte a los medios en 'socios' del desarrollo urbano, alineando sus intereses corporativos con el éxito de la gestión de la ciudad. Además, ”la hipótesis del 'blindaje' sugiere que, al otorgar este negocio, Jorge Macri asegura un tratamiento editorial benévolo o al menos no hostil por parte de las dos redacciones más potentes del país (Clarín y La Nación) en un momento político delicado, donde su gestión busca diferenciarse y consolidarse“.

Como conclusión, para el Observatiorio del Derecho a la Ciudad, “la preadjudicación de Costa Salguero a la UTE Clarín-La Nación es mucho más que un trámite administrativo; es una radiografía del poder en la Buenos Aires de 2025. En el plano administrativo, sienta un precedente polémico sobre la capacidad del Estado para rechazar ingresos garantizados basándose en proyecciones técnicas discutibles sobre la rentabilidad ajena. En el plano urbano, consolida un modelo de ciudad donde los mejores espacios ribereños son gestionados por privados para el disfrute de un sector con capacidad de consumo, postergando la visión de una costanera pública y abierta. Y en el plano político, sella una alianza de hierro entre el macrismo porteño y el sistema de medios tradicional, construyendo un refugio mutuo ante la incertidumbre de la era Milei”.

“El futuro inmediato deparará batallas legales por parte de La Rural y escrutinio legislativo por parte de la oposición. Pero si la adjudicación se confirma, Clarín y La Nación pasarán de ser los narradores de la realidad argentina a ser los anfitriones físicos de sus eventos más importantes, operando desde uno de los terrenos más valiosos de la capital. La Ciudad, por su parte, habrá asegurado un socio potente, sacrificando caja inmediata a cambio de capital político y estabilidad estratégica”, concluyeron.

Con información de agencias y el Observatiorio del Derecho a la Ciudad.