Un fallo judicial en Washington D.C. impactó de manera directa en el acceso a los centros de detención de migrantes. Una jueza federal ordenó bloquear de forma provisoria dos políticas que restringían las visitas sin previo aviso de legisladores al interior de estas instalaciones, operadas por la administración Donald Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El fallo que permite la inspección de centros de detención por parte de congresistas

La resolución judicial permite que los miembros del Congreso retomen las visitas sin aviso previo a los centros de detención migratoria, una práctica que había sido utilizada durante años como herramienta de control y supervisión legislativa.

Según informó The New York Times, la jueza Jia M. Cobb sostuvo que las nuevas reglas impuestas por el ICE desde junio pasado vulneraban una ley federal vigente que garantiza el acceso de los legisladores a este tipo de establecimientos.

El fallo dejó en suspenso dos disposiciones clave: una que exigía notificar con siete días de anticipación cualquier visita y otra que, en los hechos, limitaba o negaba el ingreso de congresistas y de su personal.

Para la magistrada, estas medidas chocaban con una norma aprobada por el propio Congreso y firmada por Trump, que impide al Departamento de Seguridad Nacional bloquear inspecciones en instalaciones donde se “detiene o aloja a extranjeros”.

Cuestionamientos a las políticas del ICE en los centros de detención de migrantes

Las normas implementadas por el ICE en junio pasado se convirtieron rápidamente en el centro de la controversia. En su opinión de 73 páginas, la jueza Cobb analizó el alcance de estas reglas y su compatibilidad con la legislación federal que financia a la agencia migratoria.

Entre los puntos observados por el tribunal, se destacaron estas medidas cuestionadas:

• La exigencia de un aviso con siete días de anticipación para que los legisladores pudieran ingresar a los centros de detención.
• La restricción del acceso físico a determinadas áreas de las instalaciones.
• La posibilidad de realizar modificaciones temporales en los establecimientos antes de las visitas, lo que podía alterar lo que los congresistas observaban durante los recorridos.

La jueza remarcó que la ley prohíbe expresamente cualquier cambio transitorio que modifique las condiciones reales de un centro ante una visita de supervisión. Además, subrayó que esa disposición fue renovada año tras año desde 2020, lo que refuerza su vigencia y su carácter obligatorio.

Uno de los aspectos centrales del fallo fue la preocupación por el impacto práctico del aviso previo. Para la jueza Cobb, la notificación con varios días de antelación parecía diseñada para “ocultar las verdaderas condiciones” dentro de los centros y para impedir que los legisladores recopilaran información real.

En su escrito, la magistrada explicó que la situación dentro de estos establecimientos no es estática. El número de detenidos, la disponibilidad de camas, la higiene y el acceso a servicios básicos pueden variar de manera significativa según el ritmo de arrestos y las decisiones administrativas del ICE.

“No es especulativo pensar que estas condiciones pueden cambiar a lo largo de siete días”, subrayó, para justificar la necesidad de inspecciones sin previo aviso.

Qué sucederá tras este fallo judicial que permite visitas sin previo aviso a centros de detención

Si bien el litigio continuará, la jueza Cobb consideró que los legisladores tienen altas probabilidades de imponerse en el caso de fondo. Por ahora, su decisión representa un revés relevante para el ICE y para la administración Trump, dado que restituye una herramienta clave de control legislativo sobre el sistema de detención migratoria.

Desde el Poder Ejecutivo, según detalló The New York Times, la defensa se apoyó en una interpretación distinta de la ley. En ese sentido, sostuvo que los legisladores intentaban transformar una cláusula en un “derecho estatutario” que les otorgara un acceso irrestricto a las instalaciones migratorias.

También argumentó que este tipo de disputas forman parte de conflictos entre ramas del gobierno y que los tribunales deberían abstenerse de intervenir.

Ahora, la administración Trump apelará la decisión en una instancia superior, lo que deja otro frente judicial en marcha.