La CGT sale a la calle contra la reforma laboral y tensa la relación con el Gobierno

La marcha convocada para este jueves por la Central General del Trabajo (CGT) junto a las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) terminará de convertir el debate por la reforma laboral en un conflicto político de alto voltaje para el gobierno de Javier Milei. La concentración está prevista para las 15 en Plaza de Mayo y, según estimaciones sindicales, podría reunir a unas 150 mil personas, en lo que la central obrera ya anticipa como una movilización “muy grande”.

El texto completo de la Ley de Modernización Laboral que Milei envió al Congreso

La convocatoria fue creciendo con el correr de los días y sumó a un abanico amplio de actores políticos y sociales. El gobernador bonaerense Axel Kicillof confirmó que acompañará la protesta y calificó el proyecto oficial como un retroceso histórico en materia de derechos laborales. También participarán las organizaciones de jubilados que suelen concentrarse los miércoles frente al Congreso, los organismos de derechos humanos —entre ellos H.I.J.O.S.— y, de manera orgánica, los movimientos sociales. La izquierda, en tanto, se movilizará en paralelo con una columna propia que partirá desde Avenida de Mayo y 9 de Julio y reclamará un paro nacional y un plan de lucha permanente, una instancia que por ahora la conducción cegetista evita formalizar.

La decisión de salir a la calle se tomó pese a que el Gobierno introdujo cambios en el texto original de la reforma. La CGT logró que se retirara el artículo que eliminaba de manera directa las denominadas cuotas solidarias, un golpe financiero que hubiera escalado el conflicto. La semana pasada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni había asegurado que cualquier reforma sindical quedaría para una “segunda ley”.

Sin embargo, el resto del articulado del proyecto mantuvo ejes que los gremios consideran regresivos: abaratamiento de despidos, flexibilización de la jornada laboral, debilitamiento de los convenios colectivos, eliminación de la ultraactividad, prioridad de los convenios por empresa, restricciones al derecho de huelga y ausencia de políticas reales para reducir la informalidad.

La central obrera eligió tensar sin romper. Convocó a una movilización masiva, endureció el discurso y amplió el arco de adhesiones políticas y sociales, pero evitó por ahora llamar a un paro general. La conducción mantiene abierta la lectura del texto definitivo y no descarta volver a mover fichas cuando el proyecto avance en el Congreso. En ese delicado equilibrio se inscribe la ausencia de Gerardo Martínez en la presentación del informe del Consejo de Mayo, un gesto que en el mundo gremial fue leído como una señal de desgaste del canal de diálogo con la Casa Rosada, más allá de los intentos oficiales por minimizar el episodio.

Detrás de ese cortocircuito quedó expuesta una pulseada interna en el oficialismo. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, empujó hasta último momento un paquete más disruptivo, que incluía avanzar sin concesiones sobre el financiamiento sindical como símbolo de ruptura con el modelo gremial tradicional. Del otro lado, el ala política del Gobierno advirtió que abrir ese frente podía poner en riesgo la aprobación de la reforma en el Senado y optó por priorizar la gobernabilidad legislativa antes que una confrontación total.

Reclamos abiertos

Este miércoles, en la Cámara alta, la CGT participó finalmente del debate por la “modernización laboral” en el plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Presupuesto, una reunión atravesada por el escándalo y las tensiones entre oficialismo y oposición. Desde la central obrera habían avisado en un primer momento que no se sentarían a discutir el proyecto hasta después de la marcha. Sin embargo, al mediodía de ayer la agenda cambió y los representantes sindicales terminaron asistiendo a la comisión, en una señal de que la presión callejera convive con la disputa parlamentaria.

Desde los movimientos sociales, el tono es sensiblemente más confrontativo. Esteban “Gringo” Castro, exsecretario general de la UTEP e integrante del Frente Patriótico por la Justicia Social, calificó el proyecto como una “reforma esclavista” y sostuvo que “la esclavitud laboral que propone el gobierno nacional solo puede sancionarse si la avalan quienes traicionan a quienes los votaron como peronistas”. Según Castro, la iniciativa “es anti-justicia social, quita derechos sagrados para las familias trabajadoras y no tiene un solo punto en favor de los informales”.

En paralelo, el Gobierno trabaja para que la jornada de este jueves no derive en un escenario de confrontación directa. Desde el Ministerio de Seguridad, ahora encabezado por Alejandra Monteoliva, aseguran que se aplicará el protocolo anti-piquete y que el operativo será coordinado con la Ciudad, priorizando evitar choques y escenas de tensión, en una marcha que el propio oficialismo admite como políticamente sensible, tanto por su volumen como por el momento en que se produce.

Para la CGT, las CTA y los movimientos sociales, en cambio, la movilización no clausura el conflicto sino que lo inaugura en una nueva fase. Sin paro por ahora, pero con la amenaza latente de escalar el plan de lucha si la reforma avanza sin cambios sustanciales, la calle vuelve a ser el escenario elegido para marcar un límite al Gobierno y condicionar una iniciativa que, sostienen, pone en juego derechos conquistados.

PL/CRM