El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en X que difundía $LIBRA como un proyecto de inversión que suministraría fondos a emprendimientos en la Argentina. Poco después borró su mensaje, aduciendo que no estaba “interiorizado”. En el medio, $LIBRA, que había experimentado un alza en su valor de 1300% y una caída similar, dejó millones de dólares en el bolsillo a quienes vendieron cuando subía y enormes pérdidas a quienes no saltaron a tiempo.

El viernes pasado, el caso dio un giro ante la revelación de un peritaje judicial sobre los teléfonos de los involucrados que contrastan con la versión del Presidente. Minutos antes del lanzamiento del criptoactivo, Milei interactuó en al menos cinco ocasiones desde su teléfono personal con el teléfono del lobista argentinoMauricio Novelli, uno de los protagonistas de la operación que generó pérdidas a los inversores por al menos US$ 100 millones, según surge de los peritajes oficiales desarrollados sobre los dispositivos electrónicos de Novelli, confirmaron fuentes al tanto de ese material aLA NACION. Hubo otros 35 llamados del lobista con Karina Milei y Santiago Caputo.

Esta revelación pone en jaque la explicación oficial que dio Milei tres días después del colapso de $LIBRA en una entrevista con el periodista Jony Viale. En esa oportunidad dijo que actuó de buena fe, que Davis le había presentado el proyecto para asistir a emprendedores digitales y que publicó un tuit de apoyo “cuando se hizo público” el lanzamiento. Dijo aquel 17 de febrero de 2024: “Cuando se hace pública este esta situación de que aparece el proyecto de $LIBRA, bueno, obviamente ¿yo qué hago? Le doy difusión, justamente para que aquellos que necesitan aplicar al financiamiento lo puedan hacer y justamente el tweet está planteado en ese formato. Yo explico que estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento”.

Los principales involucrados son: el presidente Milei, cuyo tuit hizo disparar la cotización del activo; el creador de la moneda digital, Mark Hayden Davis; y quienes habrían sido el puente entre ambos, los socios Mauricio NovelliyManuel Terrones Godoy. La investigación también alcanza a Karina Milei, señalada por haber facilitado los encuentros entre las partes, y, en un segundo orden, al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Moralesy a Julian Peh, un empresario ligado al proyecto $LIBRA desde el plano técnico.

Operaciones y transferencias

En la causa está acreditado que el 30 de enero -luego de su reunión con Milei- Hayden Davis transfirió un total de USDC 1.015.000(una moneda virtual que corre aparejada al dólar) a una cuenta a nombre deOrlando Mellino, un jubilado de 75 años con domicilio en una dirección del municipio de Tigre cuya numeración no existe, según pudo corroborar la Justicia. Mellino recibió ese dinero digital a través de dos operaciones espejo y horas más tarde lo giró a una tercera cuenta.

En la causa también está acreditado que unos días más tarde, el 3 de febrero, el empresario Hayden Davis giró un total de USDC 3.965.627 a la cuenta de otra cara nueva del caso: el influencer cripto colombiano Camilo Rodríguez Blanco. Tanto él como Mellino habrían sido un puente de paso en la maniobra investigada, porque la Justicia validó también que gran parte de los activos que recibió el influencer fueron luego movidos a cuentas controladas por Novelli y Terrones Godoy. Una cuenta de la que Novelli es cotitular, por caso, recibió USDC 695.990 en la noche del 3 de febrero.

La fecha es clave porque un día después, Novelli, su hermana María Pía, y su madre, María Rafaele, arribaron a una sucursal del banco Galicia en Martínez con bolsos en sus manos, manipularon varias cajas de seguridad y se fueron, según consta en las actuaciones de la causa. Los familiares de Novelli volverían al banco 13 días después, durante el primer día hábil tras el lanzamiento de $LIBRA, presumiblemente a vaciar esas cajas, porque cuando la Justicia las registró estaban vacías.

El juez Martínez de Giorgi calculó en U$S 12.000 el perjuicio de los querellantes, pero eso podría cambiar si a la querella se suman nuevos damnificados: un grupo de dos bielorrusos golpea las puertas del expediente y clama haber perdido más de 2,3 millones de dólares.

Comisión investigadora

En paralelo a la investigación judicial, se creó en Diputados una comisión investigadora. Transcurridos nueve meses desde que estalló el caso, los diputados opositores que integran la comisión investigadora concluyeron, en su informe final, que tanto el presidente Javier Milei como su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, fueron engranajes claves que, por acción y por omisión, habilitaron una presunta estafa a nivel internacional y, por lo tanto, les caben responsabilidades políticas por el hecho. Por tal motivo, recomiendan al Congreso que evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

“$LIBRA constituye un caso de alta gravedad institucional”, advirtieron los 14 diputados opositores firmantes del documento, encabezados por el presidente de la comisión Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). “Javier Milei utilizó la investidura presidencial, y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del gobierno nacional para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”, insistieron.

Demanda en Estados Unidos

A un mes después del lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA, los tribunales estadounidenses registraron la primera demanda colectiva o “class action” contra los responsables internacionales de la movida: la familia Davis, Julian Peh, Benjamin Chow y las firmas Kelsier Ventures, Kip Protocol y Meteora.

Representados por un estudio jurídico que registra triunfos en otros casos de criptoactivos y estafas, Burwick Law, los inversores afectados reclamaron una compensación, además de “la restitución de las ganancias obtenidas injustamente por los demandados, medidas cautelares para evitar futuras ofertas fraudulentas de tokens y el nombramiento de un síndico para proteger al público y garantizar los activos restantes de los inversores”.