Contexto y texto electoral

Como si el país no estuviera frente un serio problema de seguridad nacional y pública, así como ante una complicada situación económica, financiera y comercial, el gobierno juega con una idea: ello no afecta el ansia de cambiar el régimen y, por lo mismo, cabe remover los cimientos del modelo electoral y el sistema de partidos. Increíble.

Al complejo contexto donde se pretende emprender la reforma electoral, se agrega otro ingrediente no menos importante. La reforma judicial apenas se encuentra a la mitad y, sin haber acreditado su pertinencia y funcionalidad, ha puesto en duda la vigencia del Estado de derecho y, con ello, ha debilitado la inversión en un momento clave: sin crecimiento económico no hay desarrollo social.

En la lógica del oficialismo lo uno no tiene que ver con lo otro. No hay vasos comunicantes entre el frente externo y el interno y, entonces, cuanto sucede afuera es ajeno a cuanto ocurre dentro. No advierte y mucho menos reconoce una realidad: lo que fue la pandemia para Andrés Manuel López Obrador, hoy es el crimen y Donald Trump para Claudia Sheinbaum Pardo. No hubo ni hay una verdadera visión de Estado, en el propósito de cambiar de régimen.

Es muy difícil sostener el discurso de la defensa de la soberanía, cuando el crimen la controla en más de una región, cuando el vecino amaga con vulnerarla y cuando el gobierno, motu proprio, la sacude en el capítulo fundamental de su representación democrática.

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¿Se requiere de una reforma político-electoral? Sí, sin duda. Sobre todo, después de la realizada por el peñanietismo y las fuerzas políticas participantes del Pacto por México que hicieron un mazacote del modelo y el sistema, al tiempo de fortalecer la partidocracia, la política de cuates y cuotas, así como los arreglos cupulares.

Con el aval de muchos de quienes hoy claman dejar como está el régimen político-electoral, se adoptaron decisiones erradas. Borraron el carácter federal del instituto electoral para darle un sesgo nacional sin calibrar el efecto ni alinear en esa dirección al tribunal federal ni a los órganos locales ni tribunales estatales: transformaron el modelo en un margallate. Concentraron −homologaron, dijeron− en una sola fecha los comicios, convirtiendo las elecciones en un juego de poder mayúsculo: todo el poder en un par de partidas. Avalaron la reelección so pretexto de incentivar el profesionalismo legislativo y administrativo, robusteciendo en realidad el caciquismo político. Dieron por sentado que el gobierno dividido, nunca más volvería a ser unificado.

Antes de esa reforma, también hubo dislates. De la representación legislativa proporcional se hizo no garantía para las fuerzas políticas minoritarias, sino recurso de las dirigencias partidistas para privilegiar a incondicionales o atraer a los necesarios. Asimismo, se engrosó la integración del Senado restándole su carácter republicano, y se aumentó la composición de la Cámara de Diputados sin justificar el motivo. Todo sin mencionar que, al consagrar en la Constitución la fórmula para otorgar las prerrogativas partidarias y diseñar un enorme aparato electoral, se encareció la democracia tanto por querida como por costosa.

Sí, la reforma es necesaria, pero no como la arma y la plantea el gobierno. Cuenta con el pretexto, no con el texto ni el contexto. Reconoce la tonada, pero desconoce la letra y, en el colmo del absurdo, le restó posibilidades con el anuncio y el manejo que hizo de ella. Vamos, ni siquiera negoció con sus aliados el alcance, socios del negocio de la política que ahora pueden frustrarla, descafeinarla o encarecerla. Por eso, ahora, en el cuarto intento, el gobierno busca reformar el proyecto de reforma sin tener muy claro si el eventual resultado de ella consolidará al movimiento que lo ampara en el poder.

Por si eso no bastara, las anteriores reformas ni la proyectada aborda un asunto principal: la participación del crimen en las elecciones, cada vez más asociado a la política. Y, como añadido, incurre en una contradicción: presume querer reducir el costo de la democracia, pero quiere resolver en una sola jornada las elecciones intermedias y la judicial, al tiempo de aprovechar para consultar la ratificación (no es revocación) del mandato presidencial. ¿Cómo?

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¿Es este el momento indicado para realizarla? No, sin duda. El entorno y el contorno instan a la cautela, a caminar con pies de plomo, no a remover los pilares de la democracia, luego de menear sin asegurar el pie judicial del trípode donde se sostienen los Poderes de la Unión.

Si a la falta de certeza jurídica generada por la inconclusa reforma judicial se añade la falta de certeza política por la reforma electoral se estarán regalando motivos al gobierno de Estados Unidos para aumentar la presión o, peor aún, para actuar de manera directa y unilateral. Aunado a ello, si en medio de esa circunstancia y teniendo enfrente la renegociación del tratado comercial con Esados Unidos y Canadá, el gobierno y Morena ponen en juego su alianza con los mercaderes de los partidos Verde y del Trabajo y le dan banderas y motivos a la oposición, el movimiento en el poder no sólo perderá cohesión, sino también capacidad de acción.

Emprender ahora la reforma electoral podría resultar contraproducente: en vez de fortalecer al gobierno, podría debilitarlo y provocar un costo enorme al país.

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Pueden los radicales de Morena alentar la idea de culminar el cambio de régimen con la reforma electoral porque es ahora o nunca, pero no pueden ignorar el contexto. Si aun así resuelven sacudir los cimientos de la democracia no deberán asombrarse si, por las ansias, provocan en un colapso.

Más vale no jugar con fuego, en medio de una atmósfera con olor a pólvora.