La opinión pública ante al Juicio a las Juntas y las políticas de DDHH de Alfonsín

El Juicio a las Juntas del que este año se cumplen 40 años es, sin duda, uno de los hitos más trascendentes de la historia democrática argentina. Las encuestas entre 1983 y 1986 realizadas por Gallup bajo mi dirección permiten reconstruir aquel clima público con nitidez. Ese conjunto de materiales permite observar un patrón consistente: la sociedad argentina apoyó masivamente tanto el Juicio a las Juntas como la política de verdad y justicia de Alfonsín, aun cuando coexistían tensiones y ambivalencias heredadas del pasado reciente.

Apenas unos meses después de la creación de la Conadep, en abril de 1984, el 54% de la población ya evaluaba positivamente el juzgamiento de los responsables de la represión, y solo el 12% lo consideraba negativamente. Eran tiempos en que el miedo todavía no había desaparecido del todo y en que cada avance institucional implicaba tensiones internas y externas. Sin embargo, incluso ahí, en ese territorio incierto, la mayoría reclamaba verdad.

Con el inicio del Juicio a las Juntas en abril de 1985, lejos de erosionarse, ese respaldo creció. En junio de ese año, el 76% de los argentinos sostenía una opinión positiva sobre la política de juzgamiento, y apenas el 8% la rechazaba, mientras que un 15% la evaluaba regular. Un nivel de consenso excepcional en cualquier democracia, y más aún en una democracia recién recuperada como la argentina.

Este apoyo no se daba en el vacío. Era parte de un debate profundo sobre la responsabilidad, sobre quién debía rendir cuentas. La mayoría –el 52%– consideraba que debían ser juzgados tanto los que dieron las órdenes como los que las ejecutaron, mientras que el 29% consideraba que debía juzgarse solo a los superiores por ser los responsables. Esa definición moral y jurídica, expresada desde la calle antes, anticipó discusiones que marcarían nuestra historia en los impactos siguientes.

También resulta significativo observar cómo se posicionaba la sociedad ante la disyuntiva entre memoria y olvido. Desde 1982, cuando la dictadura todavía respiraba, cerca de la mitad de los argentinos ya se inclinaba por esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias, mientras que el 40% optaba por olvidar el pasado y mirar hacia delante. Con el retorno de la democracia y sus años de ejercicio, esa voluntad se volvió aún más firme: en 1995 un 50% pedía esclarecer y un 31% optaba por el olvido, y en 2003 sube a 62% quienes eligen esclarecer y baja a un 29% quienes prefieren olvidar y mirar hacia delante.

Las encuestas realizadas indican un amplio apoyo a las políticas de verdad y justicia, incluso en un contexto de dificultades económicas crecientes. Los argentinos valoraban positivamente el proceso judicial impulsado por Alfonsín y consideraban necesario depurar el rol de las Fuerzas Armadas en la vida política. La ciudadanía respaldó la política de derechos humanos, aunque coexistían percepciones ambivalentes sobre el impacto de la violencia política previa en los años 70 y sobre el rol que las Fuerzas Armadas habían tenido en el restablecimiento del orden.

La sociedad argentina apoyó mayoritariamente el Juicio a las Juntas y las políticas de derechos humanos de Alfonsín. Ese respaldo no solo brindó legitimidad al proceso judicial, sino que consolidó un consenso democrático duradero. A 40 años del Juicio, esa evidencia empírica muestra que la búsqueda de verdad y justicia no fue una imposición desde arriba, sino una convicción compartida por la mayoría de los argentinos: una base moral y política sobre la cual se construyó la democracia recuperada.

El proceso judicial y el debate público de aquellos años tuvieron también un impacto profundo en la percepción social de las Fuerzas Armadas. Durante décadas, la intervención militar en la vida política había erosionado su imagen frente a la ciudadanía, situación que se acentuó al hacerse visibles las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen autoritario. Sin embargo, con el paso del tiempo y frente a la evidencia sostenida de que las instituciones militares se han concentrado en sus funciones específicas, subordinadas al orden constitucional y sin pretensiones de poder político, esa imagen se ha transformado. Hoy predomina una valoración más serena y profesional de las Fuerzas Armadas, asociada a su papel institucional y no a las ambiciones de gobierno que marcaron etapas conflictivas del pasado.

En 1985, el 66% de los argentinos declaraba no confiar en ellas. El descrédito militar no era un simple dato sociológico: era parte del sostén político y cultural que hizo posible el Nunca más. No fue solamente un gesto audaz del gobierno democrático, ni un experimento institucional que el mundo observó con asombro. Fue, ante todo, una expresión clara de la sociedad argentina, que en los años más frágiles de su transición eligió un camino difícil. Mirar estos números 40 años después no transforma el Juicio en una estadística, pero sí nos obliga a comprenderlo como un acto colectivo.

Tomando datos actuales de Voices y World Values Survey, las Fuerzas Armadas son la institución más valorada en 2024 con 53% de confianza vs. 19% en 1984, mientras que las instituciones más ligadas al sistema político han perdido credibilidad marcadamente. La confianza en el Congreso, que en 1984 alcanzaba el 73%, se redujo de forma drástica, así como también la credibilidad en la Justicia, que llegaba al 59%. Actualmente, solo cerca de 2 de cada 10 argentinos confían en ambas instituciones y solo 1 de cada 10 en los partidos políticos.

A 40 años del Juicio a las Juntas y ante los datos actuales, la pregunta no es solo qué pasó entonces, sino qué estamos dispuestos a defender hoy. Porque aquel juicio fue, en esencia, una afirmación colectiva: la democracia no se negocia y la justicia no se posterga. Y esa afirmación, nacida en las calles, todavía nos interpela. Debemos afianzar y hacer más eficiente nuestra democracia para responder a las necesidades de los argentinos.

Socióloga, presidente de Voices Consultancy, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas